PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
miércoles, 4 de mayo de 2016
Comunicado de Prensa: Toronto, Nevada y Vancouver empapeladas con afiches que indican que “se busca” a los ejecutivos y gerentes de Tahoe Resources.
Toronto, Canadá: Inversionistas de Tahoe Resources se toparon esta mañana con más de 400 afiches de “se busca” por las calles que llevan a la asamblea general de la empresa este año. Los afiches resaltan los cargos contra varios empleados de Tahoe, que van desde ordenar que se abra fuego ante pobladores hasta contaminación industrial, al igual que los abusos a los derechos humanos y el medio ambiente que alegan las comunidades cercanas a la mina más importante de Tahoe, en Guatemala. Los mismos afiches aparecieron por las calles del centro de Vancouver y Reno donde se ubican las sedes canadiense y estadounidense de Tahoe Resources.
“Queríamos corroborar que los ejecutivos e inversionistas que asistieran a la asamblea general de Tahoe Resources se vieran obligados a afrontar los crímenes de su empresa y la violencia que han vivido las comunidades cercanas a la mina de Tahoe en Guatemala en nombre de las ganancias empresariales”, indica Rachel Small, miembro de la Red contra la Minería Injusta (Mining Injustice Solidarity Network – MISN) de Toronto.
El 27 de abril del 2013, el personal de seguridad de Tahoe Resources abrió fuego ante un grupo que se manifestaba pacíficamente enfrente de la mina de plata Escobal, en el municipio de San Rafael las Flores, en el suroriente de Guatemala. Las siete víctimas, que supuestamente fueron agredidas con armas de fuego al intentar huir, presentaron en junio del 2014 una demanda contra Tahoe en los tribunales de Canadá por su rol en la violencia. La empresa solicitó se desestime la demanda amparándose en la doctrina de fórum non conveniens, alegando que los gastos de traducción y envío internacional de pruebas serían demasiado costosos y “engorrosos”. La jueza Laura Gerow, magistrada del Tribunal Supremo de Columbia Británica se mostró de acuerdo con la empresa y suspendió la demanda en noviembre del 2015, sugiriéndoles a los querellantes que presentaran la demanda en Guatemala, a pesar de la evidencia de corrupción claramente documentada, y la impunidad generalizada en los tribunales de ese país en relación a crímenes violentos. Los querellantes apelaron la decisión.
[Afiches aparecieron por las calles del centro de Vancouver]
Alberto Rotondo, ex militar de Perú y jefe de seguridad de Tahoe cuando ocurrió el tiroteo, se encontraba bajo custodia policial en arresto domiciliario, pero escapó hacia finales del 2015, mientras esperaba el juicio en Guatemala por haber supuestamente ordenado que el personal de seguridad abriera fuego ante los manifestantes y luego encubrir la evidencia. Al cabo de alrededor de un mes de estar en fuga internacional, INTERPOL lo detuvo en Perú en enero. En la actualidad se encuentra a la espera de su extradición a Guatemala.
Estas demandas en Guatemala y Canadá no son sino una muestra de la controversia más generalizada que representa la mina de Tahoe Resources en Guatemala. Desde que la empresa llegó a la región, las y los líderes comunitarias/os que se oponen a la mina han debido afrontar represión, criminalización y violencia. A pesar del conflicto – o quizás debido a él – Tahoe se apresuró a iniciar operaciones en la mina antes de establecer la existencia confiable de reservas minerales, llegando a la producción comercial en enero del 2014. Más de 50,000 personas han votado en contra de la mina de Tahoe y su expansión en el área mediante 14 consultas comunitarias en seis jurisdicciones.
[Abajo: Afiches en Reno donde se ubica las sede estadounidense de Tahoe Resources.]
Los afiches de “se busca” describen los abusos a los derechos humanos y al medio ambiente vinculados a la empresa que incluyen asesinatos, criminalización de defensoras y defensores de la tierra, y contaminación industrial del agua. Además de Kevin McArthur, fundador y director ejecutivo de Tahoe, y Alberto Rotondo, en los afiches figuran Carlos Roberto Morales Monzón, demandado por contaminación de agua poniendo en riesgo las vidas de quienes viven en proximidad a la mina Escobal; los agresores desconocidos que asesinaron a Topacio Reynoso, lideresa de jóvenes, de 16 años, e hirieron de gravedad a su padre; y el personal y socios de Tahoe por la criminalización y estigmatización de líderes comunitarios en contra de la mina Escobal. De las 90 acusaciones infundadas que se presentaron entre el 2011 y el 2015 en contra de pobladores que sufren impactos de la minería, sólo una llegó a juicio.
“Si bien la la Red contra la Minería Injusta espera el día que las prisiones no representen el mayor método para responsabilizar y hacer justicia, Tahoe Resources y otras mineras canadienses operan en un contexto donde impera la impunidad empresarial”, indica Kate Klein, miembro de MISN. “Sus operaciones tan al margen de la ley enfurecen aún más cuando las comparamos a la impresionante criminalización y represión que viven defensoras y defensores de derechos humanos y el medio ambiente. Esto no puede seguir así”.
La Red contra la Minería Injusta (MISN) es un grupo de voluntarias y voluntarios basado en Toronto que colabora estrechamente con comunidades afectadas por la industria extractiva canadiense en todo el mundo con objeto de apoyar la autodeterminación de las comunidades, sensibilizar a la población canadiense, y responsabilizar a las empresas.
Contacto: Rachel Small, la Red contra la Minería Injusta 647-769-2472, mininginjustice@gmail.com.
Versión de alta resolución de los afiches de “se busca”:
SE BUSCA – Kevin McArthur
SE BUSCA – Alberto Rotondo
SE BUSCA – Atacantes de Topacio y Alex Reynoso
SE BUSCA – Tahoe, criminalización
Fotografías de alta resolución disponibles.
Para mayor información:
www.mininginjustice.org | www.tahoeontrial.net
Cronología de la mina Escobal de Tahoe en inglés:
http://bit.ly/1I2l3XZ
#TahoeEnLaMira
Traducido por Olimpia Boido.
