Contexto general
La mina Escobal es un proyecto de plata subterráneo en el departamento de Santa Rosa en el sureste de Guatemala y es una de las minas más grandes y polémicas de América Latina. Tahoe Resources inició operaciones en 2014, las cuales están suspendidas desde mediados de 2017 debido a la fuerte oposición local a la mina.
Las pérdidas de Tahoe por el cierre de su buque insignia llevaron a su adquisición por Pan American Silver, con sede en Vancouver, a principios de 2019.
Durante la asamblea anual de Pan American Silver ese mismo año, Ross Beaty, fundador y presidente del directorio de la empresa declaró que no veía ninguna razón social, ambiental o política por la cual Escobal no podría generar 400 millones de dólares en ganancias al año. Pero ignora a las decenas de miles de personas en el sureste de Guatemala que han rechazado la minería en sus territorios en votaciones locales y cuya resistencia pacífica se mantiene firme. Beaty también ignora el legado de violencia y criminalización que han sufrido las comunidades a manos de Tahoe Resources y del gobierno guatemalteco con objeto de que la mina entrara en operaciones. A su vez, ignora la sentencia de 2018 emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en la que se ordena al Estado consultar, de forma sustantiva, al Pueblo Xinca afectado de acuerdo con sus propias tradiciones antes de que se pudieran reanudar las operaciones. Esto significa que se debe respetar su autodeterminación. Sin consentimiento, no hay mina.
Las Consultas
Desde 2011, siete municipios y nueve comunidades en las cercanías de la mina Escobal celebraron consultas sobre minería, y en ellas la inmensa mayoría votó que no. Cada año, miles de personas han tomado las calles o participado en campamentos pacíficos para reafirmar estos resultados y expresar su continuo compromiso con la salud de sus comunidades.
Una consulta a cargo del Estado que se caracteriza por sus irregularidades y discriminación contra el Pueblo Xinka
En junio de 2017, residentes locales tomaron medidas directas y erigieron un campamento de resistencia pacífica cerca de la mina Escobal, deteniendo las operaciones al impedir que el tráfico de camiones llegara a la mina. El mes siguiente, la Corte Suprema determinó que se vulneraron los derechos indígenas del Pueblo Xinka al no haber sido consultado previo al inicio de las operaciones, y ordenó suspender la mina. La Corte de Constitucionalidad confirmó la sentencia en 2018 y ordenó que el Estado efectuara una consulta.
Si bien el proceso de consulta comenzó formalmente en noviembre de 2018, hasta ahora no ha respetado las costumbres y tradiciones xinka y ha excluido la participación de su órgano rector, el Parlamento Xinka. La consulta también se ha visto viciada por irregularidades de procedimiento. En respuesta, el Parlamento Xinka ha presentado más de una decena de denuncias por la falta de debido proceso, participación indígena y discriminación. Ninguna de ellas ha llegado a ser resuelta de forma adecuada.
A su vez, las amenazas, intimidación y criminalización de las comunidades en resistencia han aumentado notablemente. En julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al abogado del Parlamento Xinka, Quelvin Jiménez, después de que recibiera múltiples amenazas de muerte. Organizaciones internacionales de derechos humanos también han registrado actos de provocación, intimidación y criminalización, así como campañas de difamación y presión de grupos armados y grupos de personas que se adhieren al proyecto minero.
Al participar en un proceso discriminatorio con dudoso fundamento jurídico, Pan American Silver contribuye al legado de discriminación y conflicto que ha plagado a Escobal desde el principio.
Queja ante Comisión de Valores de Columbia Británica sobre Pan American Silver
Poco antes de la adquisición de 1,100 millones de dólares de Tahoe Resources por parte de Pan American Silver, se presentaron quejas en enero de 2019 ante la Comisión de Valores de Columbia Británica, instando a ese órgano a investigar las declaraciones engañosas de Pan American Silver a sus accionistas sobre los avances de la consulta con el Pueblo Xinka y la viabilidad general de la mina Escobal.
Una mina que entra en operaciones mediante la violencia
Las amenazas a las que se enfrenta la Resistencia Pacífica hoy en día no son nada nuevo. Para lograr el inicio de operaciones en Escobal, la antigua propietaria Tahoe Resources se sirvió de una estrategia de seguridad militarizada que reprimió a la oposición local, incluyendo su apoyo para la creación de una oficina gubernamental que abordaba la resistencia pacífica como una amenaza para la seguridad nacional. Como resultado, en las comunidades se vivió una intensa represión, militarización y un aumento del control y la vigilancia sociales. Cerca de 100 personas fueron criminalizadas, con acusaciones penales infundadas por sus funciones legítimas en la organización de consultas comunitarias y protestas pacíficas. Con el tiempo, todas fueron absueltas por falta de pruebas.
En 2013, la seguridad privada de la mina Escobal abrió fuego contra una protesta pacífica e hirió de gravedad a siete hombres que recibieron disparos a quemarropa. El incidente constituyó la base de una demanda civil exitosa contra Tahoe Resources en Columbia Británica. Por su parte, el antiguo jefe de seguridad de la empresa huyó del país y su proceso de extradición se encuentra en curso. Los demás actos de violencia contra quienes se oponen a la mina permanecen impunes.
Impactos ambientales
Antes de suspenderse las operaciones mineras, la población de una comunidad más cercana a la mina Escobal denunció daños graves en sus hogares, los cuales cree son el resultado de las explosiones en la mina subterránea, y fue desplazada por la fuerza. También se sigue denunciando el desecado de pozos y fuentes de agua naturales.