La empresa minera Pan American Silver, con sede en Vancouver, Canadá, realizó su reunión anual de la junta de accionistas el 12 de mayo del presente año: la última reunión de accionistas para el fundador y presidente de la junta directiva, Ross Beaty, quien se jubiló ese día. Para las y los accionistas que asistieron a la reunión virtual, Beaty narró una brillante crónica de la historia de responsabilidad social y ambiental de Pan American Silver en América Latina. Sin embargo, cuando las accionistas le preguntaron sobre los impactos sociales y ambientales de la empresa en las comunidades de México, Perú, Guatemala y Argentina, éstas fueron ignoradas y consideradas no «pertinentes».
Las accionistas le preguntaron a Pan American Silver si ésta asumiría la responsabilidad del tratamiento del drenaje ácido y otros riesgos de los relaves mineros de la mina Quiruvilca en el departamento de La Libertad, Perú. Pan American Silver se deshizo de este proyecto en el 2012 después de operar la mina durante diecisiete años, diciendo que confiaba en la responsabilidad de la empresa entrante para encargarse de los trabajadores y las comunidades. Pero los nuevos propietarios también se marcharon y desde entonces la mina ha sido etiquetada como una «bomba de tiempo». Se han emitido cinco declaraciones de emergencia debido a los altos niveles de contaminación por metales pesados en el río Moche provenientes del drenaje ácido de la mina, que se inició bajo la supervisión de Pan American Silver, así como por los peligros relacionados con la inestabilidad de los depósitos de relaves.
La misma pregunta se le planteó a la empresa con respecto a la comunidad de La Colorada, México, que fue forzosamente desplazada para dar paso a la expansión de la mina en 2017. Durante la reunión anual de la junta de accionistas, Beaty calificó a la mina La Colorada como una “victoria masiva para nuestros accionistas” obviando el sufrimiento humano que provocó su expansión. Más de cuarenta familias fueron desarraigadas y trasladadas a una «Unidad Residencial» cerca de la mina, donde la empresa ejerce un control casi total sobre la vida diaria de las y los residentes. Además de estas condiciones sofocantes, los residentes están preocupados por los posibles impactos en su salud, dada la proximidad de la mina a sus hogares.
Otras preguntas surgieron sobre el conflicto que Pan American Silver está alimentando con el Pueblo Mapuche-Tehuelche y residentes de la provincia de Chubut, Argentina. El comportamiento de la empresa presionando a las autoridades locales para que deroguen una prohibición minera que ha estado en vigor desde el 2003 está provocando disturbios y represión. La población ha defendido tenazmente la prohibición de la minería en Chubut durante casi veinte años por la preocupación de los impactos que ésta puede generar en el agua y el medio ambiente. Recientemente, 30,000 residentes de Chubut firmaron una petición para exigir a la legislatura que aprobara una Iniciativa Popular para ampliar y complementar las actuales protecciones ambientales al prohibir toda actividad minera metalífera a gran escala en todas sus etapas, incluida la prospección y exploración, y no solo la explotación.
Sin embargo, bajo la creciente presión de la industria minera, la legislatura de Chubut ha realizado múltiples intentos para derogar la prohibición minera del 2003 rechazando recientemente la Iniciativa Popular, sin debate legislativo. Esto ha provocado una masiva agitación social en las últimas semanas durante las cuales al menos tres personas han sido detenidas y golpeadas por la policía. Las accionistas dirigieron una pregunta a la nueva presidenta del directorio de Pan American Silver, Gillian Winckler, preguntándole si la empresa pondría fin a su participación en el proyecto Navidad dada la clara e inquebrantable oposición social en contra del proyecto.
El aumento de las tensiones y la violencia contra de las comunidades también es motivo de preocupación en la mina Escobal en Guatemala que se encuentra suspendida y dónde una consulta con el pueblo indígena Xinka ordenada por la Corte de Constitucionalidad sigue pendiente. La continua interferencia de Pan American Silver a nivel local es vista por el pueblo Xinka como un acto de mala fe que agrava la división social en el contexto de la consulta. Esto se evidencia en el incremento en los ataques violentos contra los participantes del proceso de consulta, incluido un intento de asesinato contra un defensor de la tierra en enero, un ataque armado contra un delegado Xinka al proceso de consulta en abril y amenazas de muerte contra otros. En abril de este año, más de 3.900 personas firmaron una petición denunciando la violencia en contra de la resistencia pacífica que se opone a la mina. Las accionistas preguntaron a Winckler si Pan American Silver respetará el derecho del pueblo Xinka a ser consultado de manera «libre» y si cesará de intervenir de inmediato en las comunidades locales. También preguntaron si al final del proceso de consulta, Pan American Silver respetará el derecho de las comunidades Xinka a decir No a la futura reapertura de la mina Escobal.
Desafortunadamente, ninguna de estas preguntas fue tomada en cuenta ni respondida durante la reunión anual de la junta de accionistas. Después de que el presidente y director ejecutivo de Pan American Silver, Michael Steinmann, respondiera tres preguntas de los accionistas, la vicepresidenta de relaciones con los inversionistas, Siren Fisekci, anunció: “Estas son todas las preguntas pertinentes a los asuntos de la reunión que recibimos de los accionistas.” Con esa declaración, Pan American Silver desestimó preguntas relacionadas a las graves preocupaciones sobre el bienestar de las comunidades que viven cerca de los proyectos Quiruvilca, La Colorada, Escobal y Navidad. Para Pan American Silver, las preocupaciones de las comunidades no son «pertinentes».
Paradójicamente, la mayor parte de la reunión estuvo marcada por comentarios autocomplacientes del presidente saliente del directorio, Ross Beaty, sobre, según él, la brillante reputación de Pan American Silver como ciudadana corporativa. Antes del periodo de preguntas, Beaty declaró:
“Tenemos esta fantástica reputación, y es una reputación de excelencia, no solo en la ingeniería de minas … es nuestra reputación y las otras cosas, cosas que son importantes hoy … el medio ambiente, la gobernanza social. Esas son las cosas que los accionistas están valorando hoy más que nunca… Después de todo, son sus acciones y los eventos del mundo real que suceden los que construyen reputación y valor.»
Beaty y Pan American Silver son evidentemente conscientes de que los impactos sociales y ambientales de sus inversiones son motivo de preocupación para las y los accionistas, pero su negativa a reconocer o responder mínimamente a las graves denuncias por parte de las comunidades demuestra que no las toman en serio. Si la presidenta entrante de la junta directiva, Gillian Winkler, espera generar un cambio en la dirección de la empresa, debe tratar con respeto las vidas, los modos de vida y el derecho a la autodeterminación de las comunidades afectadas y comenzar a asumir la responsabilidad de las acciones de su empresa.
Artículo escrito en colaboración con Earthworks, Institute for Policy Studies – Global Economy Program, Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Mining Justice Action Committee y Students for Mining Justice – Universidad de British Columbia.